En un declaración publicado el 15 de enero, el Consejo de Ministros alemán aprobó una serie de propuestas normativas que otorgarían a las fuerzas armadas alemanas la autoridad para derribar drones que vuelen ilegalmente en las proximidades de un avión no tripulado. infraestructuras críticas.
La modificación de la Ley de seguridad aérea, que ahora irá al Bundestag para su ratificación, reflejará el hecho de que las fuerzas de seguridad del Estado no disponen de la tecnología necesaria para mitigar eficazmente las amenazas de los drones y, por primera vez, otorgará a los militares la autoridad para intervenir.
En el comunicado, la Ministra Federal del Interior, Nancy Faeser, reflexionaba sobre el hecho de que la rápida proliferación del uso de drones hostiles ha superado la capacidad de las autoridades policiales para defenderse eficazmente contra ellos:
“Por lo tanto, es necesario que creemos la autoridad en la Ley de Seguridad Aérea que permita a la Bundeswehr intervenir en caso de peligros graves - incluyendo, como último recurso, derribar drones que vuelen ilegalmente”.”
La declaración se produce después de que el lunes 13 de enero se informara de que se habían avistado hasta 10 drones sobre la base aérea de Manching, donde se encuentra el Centro de Apoyo del Sistema Eurofighter de Airbus y un aeródromo militar.
La legislación permite a la Bundeswehr actuar únicamente en escenarios en los que se considere que un dron supone un riesgo inminente para la vida humana o para infraestructuras críticas y que la fuerza armada es la única opción viable para derrotarlo.
La subjetividad inherente a la legislación puede plantear interrogantes sobre cómo y cuándo podrá la Bundeswehr hacer uso de sus nuevos poderes. Tradicionalmente, este tipo de autoridad se aplicaba en zonas específicamente designadas dentro de un radio determinado, como ocurrió recientemente en Estados Unidos, en la que tanto los operadores como las fuerzas del orden y los militares tengan directrices claras sobre cuándo puede desplegarse la fuerza letal.
Al no ser este el caso, podría generar incertidumbre en los operadores sobre en qué momento la responsabilidad pasa de las fuerzas del orden a las militares, y cuándo pueden desplegar fuerza letal.
Estas cuestiones demuestran claramente por qué legislar contra una actividad que puede pasar rápidamente de ser perfectamente legal a convertirse en un riesgo para la seguridad nacional supone un reto tan grande para los gobiernos de todo el mundo.
